Declaración CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su Comisión Permanente, ha realizado una declaración el 8 de mayo pasado en apoyo del juez instructor del caso conocido como “Operación malaya” Miguel Ángel Torres. EL CGPJ hace esta declaración de apoyo expreso al juez Torres en relación a ciertas declaraciones que determinados líderes políticos han expresado en los últimos días a propósito de la detención de la cantante Isabel Pantoja, aunque ello no se cite explícitamente.
Recordemos sucintamente los hechos que llevan al CGPJ a hacer esta declaración. El dos de mayo pasado, a las once de la noche, es detenida en su casa y posteriormente trasladada a los calabozos de la Comisaría Provincial de Malaga Isabel Pantoja, donde pasó la noche, para, al día siguiente, declarar ante el mencionado juez acusada de un delito de blanqueo de capitales. Todo ello hay que incluirlo en la instrucción que realiza este juez en el marco de la llamada “Operación malaya”, de corruptelas varias, y que ha llevado a la carcel ya numerosos implicados, entre otros al supuesto amante de la cantante y exalcalde de Marbella Julían Muñoz. Además, la detención de La Pantoja se produce tas las contundentes declaraciones contra la corrupción que nuestro presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en un acto de precampaña hizo precisamente en Marbella y precisamente el día anterior. Algunos, yendo más lejos, especularon con la posibilidad de que la detención de Isabel Pantoja, además, respondiera a una maniobra política para tapar el trabajo y deliberación que debía llevar el Supremo en esos días a propósito de la ilegalización de las listas Etarras, proetarras y filoetarras.
Pues bien, lo que hace el Consejo General del Poder Judicial con esta declaración son, a nuestro juicio, dos cosas. Empecemos por la más superficial, aunque no por ello menos importante. El CGPJ apoya expresamente el trabajo del juez Torres, y en especial apoya la detención de La Pantoja, según se produjo y sin restarle ningún mérito a la misma. Es decir que el CGPJ apoya que se detenga como a cualquier otro criminal peligroso a Isabel Pantoja para que declare al día siguiente sobre un asunto de blanqueo de capitales. Y ello por la noche y con toda la pompa y circunstancia. Creemos que este apoyo expreso a la actuación del mencionado juez instructor responde a cuestiones de elemental corporativismo. Es decir, que si viviésemos en una dictadura los jueces, que también los habría, apoyarían y se solidarizarían del mismo modo con sus compadres ante actuaciones semejantes u otras más dramáticas. Por ello, como decimos, es esta una cuestión superficial o que al menos no tiene el calado que tiene la otra cuestión que nos parece clave para entender la declaración de marras.
La cuestión profunda del comunicado emitido por el CGPJ es que pretende limitar las críticas del poder político al poder judicial hasta el punto en que estas resulten inocuas para su independencia, imparcialidad y objetividad que, dice, deben regir la función judicial. Piensa este alto organismo de nuestro Estado de Derecho que la crítica al poder judicial es inevitable, pues vivimos en estados de opinión. Y precisamente por ser tal el estado en el que vivimos “la actividad jurisdiccional está sometida a la más amplia publicidad, lo cual produce como resultado un mayor control de los ciudadanos y, por ello, la proliferación de esas mismas críticas, aún pudiendo ser desacertadas, hallan frecuente amparo en la legitimidad constitucional”. Pensamos que, aunque desacertadas, esas críticas, siempre, y no sólo frecuentemente, deberían encontrar amparo en la legitimidad constitucional, pues también es legítimo constitucionalmente que algunas opiniones y críticas puedan ser sometidas al poder judicial por ser constitutivas de algún delito o falta. Lo que pide el Consejo General del Poder Judicial es que no se le critique desde el poder político en aras de “un sereno clima para su más adecuado ejercicio” o que sus críticas sean tan inocuas e insustanciales como las de los ciudadanos corrientes y molientes sin poder político fáctico, como se decía antaño. Así señala que “entiende indispensable que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se muevan en las coordenadas de respeto
institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, y que dichas manifestaciones tengan siempre presente aquella única sujeción a la Ley que corresponde a los Juzgados y Tribunales.” Son los políticos, el poder ejecutivo y el poder legislativo, los que están sometidos al poder judicial que es verdaderamente el poder que impera sobre los otros dos.
Ahora bien, lo que nos parece grave de esta declaración es la mezcolanza que hace el CGPJ entre su visión de la separación de poderes, uno de los fundamentos doctrinales de los estados de pleno derecho, del “respeto a las decisiones judiciales” y del apoyo expreso a una actuación judicial, que parece sacada de otros tiempos, por cuestiones de claro corporativismo. Una mezcolanza, nos parece, totalmente desacertada.
Recordemos sucintamente los hechos que llevan al CGPJ a hacer esta declaración. El dos de mayo pasado, a las once de la noche, es detenida en su casa y posteriormente trasladada a los calabozos de la Comisaría Provincial de Malaga Isabel Pantoja, donde pasó la noche, para, al día siguiente, declarar ante el mencionado juez acusada de un delito de blanqueo de capitales. Todo ello hay que incluirlo en la instrucción que realiza este juez en el marco de la llamada “Operación malaya”, de corruptelas varias, y que ha llevado a la carcel ya numerosos implicados, entre otros al supuesto amante de la cantante y exalcalde de Marbella Julían Muñoz. Además, la detención de La Pantoja se produce tas las contundentes declaraciones contra la corrupción que nuestro presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en un acto de precampaña hizo precisamente en Marbella y precisamente el día anterior. Algunos, yendo más lejos, especularon con la posibilidad de que la detención de Isabel Pantoja, además, respondiera a una maniobra política para tapar el trabajo y deliberación que debía llevar el Supremo en esos días a propósito de la ilegalización de las listas Etarras, proetarras y filoetarras.
Pues bien, lo que hace el Consejo General del Poder Judicial con esta declaración son, a nuestro juicio, dos cosas. Empecemos por la más superficial, aunque no por ello menos importante. El CGPJ apoya expresamente el trabajo del juez Torres, y en especial apoya la detención de La Pantoja, según se produjo y sin restarle ningún mérito a la misma. Es decir que el CGPJ apoya que se detenga como a cualquier otro criminal peligroso a Isabel Pantoja para que declare al día siguiente sobre un asunto de blanqueo de capitales. Y ello por la noche y con toda la pompa y circunstancia. Creemos que este apoyo expreso a la actuación del mencionado juez instructor responde a cuestiones de elemental corporativismo. Es decir, que si viviésemos en una dictadura los jueces, que también los habría, apoyarían y se solidarizarían del mismo modo con sus compadres ante actuaciones semejantes u otras más dramáticas. Por ello, como decimos, es esta una cuestión superficial o que al menos no tiene el calado que tiene la otra cuestión que nos parece clave para entender la declaración de marras.
La cuestión profunda del comunicado emitido por el CGPJ es que pretende limitar las críticas del poder político al poder judicial hasta el punto en que estas resulten inocuas para su independencia, imparcialidad y objetividad que, dice, deben regir la función judicial. Piensa este alto organismo de nuestro Estado de Derecho que la crítica al poder judicial es inevitable, pues vivimos en estados de opinión. Y precisamente por ser tal el estado en el que vivimos “la actividad jurisdiccional está sometida a la más amplia publicidad, lo cual produce como resultado un mayor control de los ciudadanos y, por ello, la proliferación de esas mismas críticas, aún pudiendo ser desacertadas, hallan frecuente amparo en la legitimidad constitucional”. Pensamos que, aunque desacertadas, esas críticas, siempre, y no sólo frecuentemente, deberían encontrar amparo en la legitimidad constitucional, pues también es legítimo constitucionalmente que algunas opiniones y críticas puedan ser sometidas al poder judicial por ser constitutivas de algún delito o falta. Lo que pide el Consejo General del Poder Judicial es que no se le critique desde el poder político en aras de “un sereno clima para su más adecuado ejercicio” o que sus críticas sean tan inocuas e insustanciales como las de los ciudadanos corrientes y molientes sin poder político fáctico, como se decía antaño. Así señala que “entiende indispensable que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se muevan en las coordenadas de respeto
institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, y que dichas manifestaciones tengan siempre presente aquella única sujeción a la Ley que corresponde a los Juzgados y Tribunales.” Son los políticos, el poder ejecutivo y el poder legislativo, los que están sometidos al poder judicial que es verdaderamente el poder que impera sobre los otros dos.
Ahora bien, lo que nos parece grave de esta declaración es la mezcolanza que hace el CGPJ entre su visión de la separación de poderes, uno de los fundamentos doctrinales de los estados de pleno derecho, del “respeto a las decisiones judiciales” y del apoyo expreso a una actuación judicial, que parece sacada de otros tiempos, por cuestiones de claro corporativismo. Una mezcolanza, nos parece, totalmente desacertada.
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